La disputa judicial por elevar la responsabilidad del espionaje "parapolicial" a Luis Bárcenas hacia la cúpula del Ministerio del Interior o rebajarla a una trama exclusiva de la Policía se libra en el capítulo de los fondos reservados. El dinero salió del presupuesto del Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz, pero los únicos documentos que acreditan los pagos al chófer infiltrado se han encontrado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. Ni rastro de partidas para la Operación Kitchen o cualquier otro nombre que se le diera a esta operación en el archivo de Interior.
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos compareció como testigo este lunes después de que uno de los interesados en rebajar la gravedad de Kitchen, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, lo mencionara durante su declaración. En el momento del operativo, Pérez de los Cobos era el director de Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad y se encargaba, según explicó al juez, de realizar un "control contable" de las partidas que cada mes salían de Interior con dirección a las direcciones operativas de la Policía y la Guardia Civil.
Se trataba, explicó, de confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía "hasta el último céntimo" con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El "control efectivo" de para qué se utilizan los gastos reservados "está reservado a los responsables de las unidades", añadió el coronel este lunes ante el juez.
Y por encima de esas unidades se encuentra la Dirección Adjunta Operativa de cada Cuerpo. En el caso de la Operación Kitchen, la DAO de la Policía y, por tanto, su responsable, el comisario Eugenio Pino. "En la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran", declaró Pérez de los Cobos en otro momento de la declaración en la Audiencia Nacional.
Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la "orden comunicada" sobre el uso de fondos reservados, la instrucción que concreta la Ley de Gastos Reservados que se aprobó en 1995, como respuesta del poder Legislativo a las revelaciones de la investigación de los GAL. Esa "orden comunicada" establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y dentro de éste, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad.
Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP en un momento en que la cúpula del PP estaba atemorizada por las pruebas que sobre las cuentas del partido pudiera aportar Luis Bárcenas. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos.
